Dirigente campesino Óscar de la Fuente: "Chile requiere una nueva Estrategia de Desarrollo Rural"

Durante la conmemoración oficial de los 50 años de la Ley de Reforma Agraria realizada en el Palacio de La Moneda, Óscar de la Fuente Muñoz, obrero agrícola oriundo de Molina y actual presidente de la Confederación Conagro, fue el encargado de representar el sentir de las 17 organizaciones campesinas nacionales. A continuación su discurso:

Recordar este hecho, que trajo tanta alegría y esperanza a miles de campesinos, minifundistas, trabajadores rurales y sus familias, es para nosotros un deber ineludible.

Que el acto principal se realice en la casa de los presidentes de Chile es un hecho trascendente y un gesto relevante de la autoridad, que valoramos y agradecemos a la Presidenta.

Mirar los hechos con la perspectiva que da el tiempo permite valorarlos en su mérito y saldar cuentas con la historia, rindiendo merecido homenaje a quienes tuvieron el valor de adoptar decisiones difíciles que el país demandaba en aquellos tiempos.

Esta fecha es propicia para recordar a todas y todos los nuestros que quedaron en el camino, víctimas del odio y la venganza que asolaron los campos y los villorrios de nuestro país y cuyos crímenes fueron cometidos por agentes del Estado.

Todas y todos los aquí presentes sabemos que la Reforma Agraria formó parte de un proceso de transformaciones profundas, realizadas dentro de la legalidad existente en las décadas del 60 y 70 del siglo pasado, las que involucraron a la política, la economía y la sociedad chilena, desencadenando pasiones y revanchas fratricidas que se creían superadas por la historia patria.

Las reacciones ocurridas ratificaron aquella sentencia sabia de que los enemigos del progreso y la justicia social actúan siempre cegados por la defensa de sus intereses y privilegios. Por lo mismo, conmemorar el cincuentenario de la Reforma Agraria será polémico, como lo es todo proceso histórico.

Una historiadora escribió en estos días que la Reforma Agraria “desarticuló la sociedad rural”, la que “definía para todo el país la manera de gobernar”. Otro escribió que “se puso fin a la hacienda”, una de las “estructuras sociales estables” y “menos contenciosa” “que prevaleció 300 años en un país en que nada persiste tanto tiempo”. Voceros han dicho que a los dueños de la tierra se les “violaron los derechos humanos”.

En fin, nosotros respetamos las diferencias, NO esperamos consensos y sacamos nuestras propias conclusiones. Es más, quienes se colocan en el extremo no nos sorprenden, porque son vocerías de los sectores que ayer se opusieron a la Reforma Agraria y promovieron la revancha brutal contra los campesinos y pueblos originarios.

En nuestro caso, y desde nuestro sentir, analizamos aquel proceso por lo que fuimos, por lo que somos, representamos y aportamos, en tanto sujetos de derechos y, como tales, actores de cambios. La Reforma Agraria la analizamos en su contexto histórico específico y no la extrapolamos 50 años después.

Tampoco ignoramos que su implementación removió cimientos de una sociedad rural patriarcal, de servidumbre, que representó el poderío y el señorío de siglos, pero que era injusta y abusiva con los campesinos y por eso no podía perdurar eternamente.

Tampoco le pedimos a la Reforma Agraria que debía hacerse cargo de lo que la sociedad chilena de ese tiempo no asumía; en cambio, resaltamos que en el corto período de su vigencia real sí respondió con creces a las viejas demandas de su tiempo.

El Chile que prevalecía en los años previos a la Reforma Agraria era pobre y atrasado, envuelto en contradicciones brutales y manifiestas, con movilizaciones por cambios profundos. Era un país conducido por fuertes liderazgos políticos, gremiales y espirituales, con un emergente desarrollo industrial y comercial en las ciudades, y un mundo rural donde predominada el olvidado, la postergación, la explotación y la injusticia.

El inquilinaje era injusto. Ahí el patrón explotaba, imponiendo las condiciones de trabajo y pago, y actuaba según las circunstancias, como el amo paternalista o cruel.

La hacienda y el latifundio se caracterizaron por ser grandes extensiones de tierras, muchas de las cuales estaban improductivas. No se pagaba impuestos por ella y el campesino carecía de todo derecho.

En aquel sistema, el patrón determinaba la vida, la economía y el destino de la familia campesina, fueran inquilinos, obligados o afuerinos. Les tenía pulpería, candidatos por los cuales sufragar, confesor y camino por el cual transitar a lo celestial.

El trabajo se pagaba 25% en dinero para comprar en la pulpería. El 75%, en especies valoradas: choza -no digo casa-, ​revuelco o goce, talaje, leña, galleta, ración de porotos. Por tanto, en general, no había capacidad de compra en el comercio, fuera de los límites del latifundio

El desarrollo de infraestructura y de servicios públicos, cuando los había, era precario en los pueblitos cercanos, como precario el abastecimiento para los minifundistas y habitantes rurales.

La lucha campesina de entonces tenía sus expresiones en algunos territorios, con peticiones, huelgas, manifestaciones, demandas por tierra y sindicalización campesina.

En las ciudades emergía una central de trabajadores poderosa, capaz de llamar a la huelga nacional contra las alzas y los bajos salarios.

Y más allá de nuestras fronteras, la estrategia del imperio que regía nuestro continente recomendaba procesos de transformación agrarios dentro del sistema capitalista, acompañado de regalos en alimentos, mientras se llevaban el cobre por completo.

Los cambios promovidos por la “Alianza para el Progreso” no respondían a las demandas y los requerimientos de un país que requería transformaciones de fondo. Por eso, la Reforma Agraria y demás leyes que le acompañaron para impulsar cambios en el agro contaron con el apoyo de diversos sectores políticos, económicos y eclesiásticos.

Había conciencia de que no bastaba solo con una redistribución de tierras. Era necesario cambiar las relaciones laborales, modernizar el agro, aumentar la producción y el consumo.

Fueron éstas las circunstancias que hicieron posible dar respuesta a los sueños de generaciones de luchadores. Se abrió la ruta para que el campesino alcanzara su anhelada dignidad y surgió un nuevo amanecer luminoso y progresista para la gente.

La juventud universitaria de la época fue alfabetizadora y promotora de organización en los más alejados rincones. El país entero vibraba al ritmo de los cantares populares de la época.

Organizarse ahora era permitido. Se requería el pueblo organizado, en sindicatos, cooperativas, juntas de vecinos, centros de madres, clubes deportivos, Consejos Comunales Campesinos.

La fuerza social asumió la iniciativa y aquella masa informe tomo cuerpo y cobró vida, aspirando como nunca a ser dueña de su propio destino.

Hoy, 28 de julio de 2017, se cumplen 50 años de la Ley N° 16.640 de Reforma Agraria, la que junto con la Ley N° 16.625 de Sindicalización Campesina y otras leyes cambió las relaciones laborales, la calidad de vida y abrió las puertas a la justicia social en los campos.

Había llegado la hora de decir con Túpac Amaru: “El patrón no comerá más de tu sudor, compañero campesino”.

El humillado por siglos se había levantado, se movilizó y fortaleció su esperanza al ver nacer días mejores, pero con ello provocó la soberbia y el rencor de los poderosos.

En los siete años que duró el proceso de Reforma Agraria se expropiaron 10 millones de hectáreas y se puso término al sistema pre capitalista y semifeudal del latifundio y el inquilinaje en Chile.

Pero los objetivos planteados para el agro con la “Revolución en Libertad” y la Unidad Popular quedaron inconclusos con el golpe de Estado en septiembre de 1973. Y se instaló una dictadura cívico militar que duró 17 años gobernando en beneficio de unos pocos y oprimiendo a las mayorías nacionales.

Se trataba de hacer retroceder lo avanzado por el pueblo, para lo cual se usó todo el poderío militar y policial del Estado. Las acciones de revancha, violencia política y criminales llevadas a cabo en el país cobraron especial encono contra los campesinos, habitantes de villorrios y comunidades.

No hay cuantificación de cuántas fueron las miles de familias despojadas de sus bienes, de cuántos los torturados, perseguidos y asesinados. La crueldad y la saña utilizadas contra seres indefensos quedarán para siempre como un baldón para los hechores, muchos de los cuales quedaron impunes.

Fue una revancha para destruir la obra progresista y revolucionaria de dos gobiernos democráticos elegidos para gobernar y cumplir los programas ofrecidos a su pueblo.

Más de 50.000 campesinos quedaron a la deriva. Ya no eran inquilinos y tampoco se les entrego tierras. Fueron descalificados bajo diversos mecanismos creados por la llamada Oficina de “Normalización”. Cinco mil dirigentes campesinos fueron “exonerados” de la Reforma Agraria, por razones políticas, con el Decreto de Ley 208.

En total, poco más de 30.000 campesinos recibieron cerca 3.000.000 de hectáreas de tierra, pero se les quitó el apoyo del Estado. De los 6 millones de hectáreas restantes, la dictadura devolvió a sus antiguos dueños una porción, otra la vendió directamente, otra la remató y una cantidad quedó en poder del Estado.

Sabemos que algunos fundos están en poder de instituciones de la Defensa y hay casos donde los campesinos viven en condiciones humillantes. Algunos de ellos están hoy aquí. Pedimos a la autoridad una revisión de estas tierras que provienen de la Reforma Agraria.

Al respecto, hay muchos campesinos sin tierra, jóvenes y mujeres campesinas la demandan y tarde o temprano lucharán por ella, como lo hicieron sus antepasados recientes.

Para quienes hoy represento, el retroceso de la “Contrarreforma Agraria”, impuesto por la dictadura, no ha sido superado con la vuelta a la democracia. Al mencionar este punto no hablamos de restitución de tierras. Esta demanda ancestral sí la tienen los pueblos originarios, como también demandan el reconocimiento constitucional de sus derechos, lo que compartimos plenamente.

Cuando hablamos de retroceso, en específico, nos referimos a derechos perdidos como campesinos y asalariados del agro, cuyo detalle sería largo, tanto como ha sido la espera por un Estatuto de Derechos para los Trabajadores y Trabajadoras Temporales.

En aquella época fuimos un movimiento que llegó a cerca de 300.000 sindicalizados, 185 comunas con Consejos Comunales Campesinos, escuelas de formación a lo largo del país, Fondo Nacional de Recursos para extensión y educación gremial. El campesinado chileno en aquella época tuvo reconocimiento político-social y derechos plenos. La realidad de hoy no es ni la sombra de aquello.

La pequeña producción y la Agricultura Familiar Campesina están profundamente afectadas con la economía de mercado, sometidas a competencia desigual, con predominio absoluto de la agro- exportación y el monocultivo, privatizando, extranjerizando y concentrando las tierras y las aguas como nunca en la historia.

A pesar de ello, se estima que 200.000 explotaciones conforman la Agricultura Familiar, las que hacen un gran aporte a la producción de alimentos para la dieta nacional y el empleo rural. En este sector anidan, se crean y recrean valores, saberes y cultura popular que representan un patrimonio nacional, y nos consta que Su Excelencia valora y apoya.

Por ello, nos parece pertinente destacar que con INDAP estamos trabajando nuevos programas: de agroecología, sello de calidad, comercio, producción asociativa y otros, que demandan contar con estabilidad presupuestaria.

Mirando el agro actual en su conjunto, vemos que sus medios, componentes y relaciones necesitan ser repensados, por eso estamos convencidos que Chile requiere una Nueva Estrategia de Desarrollo Rural. Que sea construida partiendo de los territorios, para garantizar que sea inclusiva y sostenible. En esta Nueva Estrategia debe ser preponderante el interés del país, el uso responsable de los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente, los derechos de trabadores y trabajadoras y no la ganancia y el lucro.

Una Nueva Estrategia que nos involucre a todas y todos los actores del mundo rural, donde el Estado garantice que la vida sana de nuestra población sea el eje que ordene, el qué y cómo producimos, donde nuestras agriculturas tengan un desarrollo equilibrado y donde el respeto al conjunto de los derechos humanos se haga cultura nacional.

Estimadas y estimados todos, reiteramos el agradecimiento a nuestra Presidenta. Terminamos nuestras palabras confiados en la capacidad de nuestro pueblo para buscar nuevos caminos y seguir avanzando, pese a la tragedia que se extendió por tanto tiempo, que dañó profundamente a nuestro país, al punto de que aún están las heridas abiertas.

Rendimos homenaje a todas las víctimas del abuso de poder, la venganza y el odio. Que la justicia no se detenga.

Nuestro recuerdo agradecido a todas y todos quienes ya no están, que lucharon y soñaron con un país más próspero, más humano y más justo para todas y todos.

El reconocimiento eterno a los servidores de su pueblo, que pasaron a la historia como los mejores de su época y serán por las generaciones, ejemplos de hombres dignos y consecuentes. ¡Vivan los Presidentes Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Gossens! Muchas Gracias.