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Menos papeleo y más eficiencia: El nuevo Registro de INDAP
Uno de los grandes dolores de cabeza para los agricultores es la burocracia. Para agilizar los trámites y para un mejor diseño y focalización de programas, el proyecto de ley que actualiza la Ley Orgánica de INDAP crea un Registro oficial administrado por el servicio.
Este nuevo registro permitirá caracterizar con mucha mayor precisión a los usuarios y saber exactamente qué programas o subsidios están recibiendo. Lo mejor de todo es que se autorizará a INDAP para conectarse y cruzar información con las bases de datos de otros órganos del Estado.
Esto significa que, en el mediano plazo, los procesos serán más automáticos, evitando que los agricultores tengan que presentar los mismos papeles una y otra vez, logrando un uso mucho más eficiente y justo de los recursos públicos.
Además, la ley obligará a INDAP a coordinarse mejor con otras instituciones y con los Gobiernos Regionales para que las ayudas lleguen de manera coherente a cada territorio.
Conoce más de la presentación de este proyecto
Reconocimiento histórico: Mujeres, jóvenes y pueblos indígenas al centro
Aunque parezca increíble, la actual Ley Orgánica de INDAP (que data de 1989) no define legalmente qué es la agricultura familiar. El recién presentado proyecto que actualiza la ley de INDAP viene a saldar esa deuda creando por primera vez la definición de "Agricultura Familiar Campesina e Indígena", reconociéndola como un modo de vida multifuncional, con arraigo en el territorio y basado en la gestión familiar.
Pero el cambio más significativo es el reconocimiento explícito a las mujeres, los jóvenes y los pueblos indígenas. La ley los identificará formalmente como actores fundamentales para el desarrollo del campo y la seguridad alimentaria de Chile.
En el caso de los pueblos indígenas, esto visibiliza su rol vital en la conservación de semillas, conocimientos tradicionales y prácticas sostenibles, asegurando que las futuras políticas del Estado respeten su pertinencia cultural.
Conoce más sobre el proyecto
¿Quiénes reciben apoyo de INDAP?: Una actualización justa y necesaria
Durante años, el sistema de INDAP ha evaluado a sus usuarios basándose principalmente en el valor de sus tierras, con un límite de activos de 3.500 UF. Sin embargo, esto se ha vuelto injusto: muchas familias campesinas han visto cómo sus terrenos suben de precio por la expansión inmobiliaria o las parcelas de agrado, quedando fuera de las ayudas estatales sin ser realmente "más ricas".
Para solucionar esto, el proyecto para una nueva Ley Orgánica de INDAP propone eliminar este tope rígido y medir la realidad de una forma más justa. A partir de ahora, los límites se definirán mediante un reglamento que considerará la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares y el nivel de ventas de los últimos tres años.
Además, la nueva ley reconocerá la "multiactividad"; es decir, entenderá que hoy las familias rurales no solo viven de vender cultivos, sino también de productos con valor agregado, artesanía y turismo rural.
Gobierno lanza la primera Política Nacional de Juventudes Rurales para garantizar "el derecho a elegir" el campo
La iniciativa, inédita en Latinoamérica, amplía el rango de juventud hasta los 40 años y articula al Estado para asegurar acceso a tierra, agua y conectividad, beneficiando a más de 1,5 millones de personas.
Santiago, 6 de marzo de 2026 – Con el objetivo de saldar una deuda histórica y frenar el envejecimiento del campo chileno, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric presentó este viernes la nueva Política Nacional de Juventudes Rurales (PNJR). Se trata de un instrumento de gestión pública único en América Latina y el Caribe, diseñado para que permanecer, volver o instalarse en zonas rurales sea una decisión libre y no un sacrificio por falta de oportunidades.
La política, liderada por el Ministerio de Agricultura (a través de INDAP y ODEPA) y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (a través de INJUV), es el resultado de un proceso participativo que involucró a más de 3.000 personas. Su implementación busca intervenir estructuralmente en las barreras que hoy expulsan a los jóvenes hacia las ciudades.
La iniciativa fue presentada este viernes en un acto encabezado por la ministra de Agricultura Ignacia Fernández, junto a representantes de las mesas nacionales y regionales de jóvenes rurales. La autoridad enfatizó su esperanza en que “en el futuro ser joven y quedarse en el campo sea una decisión de libertad, que sea posible porque logran tener una vida digna”. El director nacional de INDAP, Santiago Rojas, señaló en tanto que se trata de “un marco robusto” para el desarrollo del sector, destacó que cumple un compromiso del gobierno del Presidente Gabriel Boric y que ahora queda la tarea de generar un plan de acción.
Innovación en el rango etario: de 15 a 40 años Una de las principales novedades de la PNJR es la redefinición del grupo objetivo. La política reconoce como "juventud rural" al tramo etario entre los 15 y los 40 años. Esta decisión técnica responde a la realidad del ciclo de vida rural, donde la independencia económica y el acceso a activos productivos —como la tierra— ocurren más tarde que en la ciudad.
Seis ejes para emparejar la cancha: la PNJR no es un programa aislado, sino una hoja de ruta para el Estado con vigencia inicial de ocho años, organizada en seis ámbitos de acción prioritarios:
1. Autonomía económica: fomento al empleo decente y negocios sostenibles, más allá de la agricultura tradicional.
2. Tierra y agua: facilitar el acceso y regularización de estos recursos críticos, históricamente concentrados en generaciones mayores.
3. Educación y formación: oferta pertinente para la inserción productiva local.
4. Salud integral y bienestar: con foco en salud mental, prevención de violencia y derechos sexuales y reproductivos.
5. Liderazgo: fortalecimiento de la participación juvenil en la toma de decisiones.
6. Identidad local: reconocimiento del rol de los jóvenes ante la crisis climática y el resguardo patrimonial.
Enfoque de género y cuidados el documento reconoce las profundas brechas de género en la ruralidad: mientras un 21% de los jóvenes urbanos está inactivo por labores de cuidado, en la ruralidad esta cifra sube al 31%, afectando desproporcionadamente a las mujeres.
Alegría entre los jóvenes rurales
Carolina Muñoz, agricultora de Valparaíso, quien habló en la presentación en nombre de los jóvenes rurales, señaló que con la Política Nacional de Juventudes Rurales “ya tenemos una base sólida de lo que podemos enfrentar más hacia adelante, esto es sembrar la semilla. Ojalá que seamos muchos más y no tengamos miedo a quedarnos en las zonas rurales. Es sacrificado, pero es muy gratificante”. Robert Esteban, joven ganadero de Tarapacá, que también participó del diálogo, dijo, en tanto, que está “muy contento de que podamos promover el agro en las juventudes rurales fomentando el arraigo. Los jóvenes queremos volver a la agricultura y mantener nuestras costumbres”.
Un hito internacional
Aunque países como México, Brasil o Colombia tienen programas aislados, Chile es el primero en elevar esta temática a una Política de Estado, posicionando a las juventudes rurales —que hoy suman 1.584.759 personas— como actores estratégicos para la seguridad alimentaria y la biodiversidad del país.
En fotografías el acto de presentación
Para más información y acceso al documento completo, visita indap.gob.cl.
Gobierno presenta histórico proyecto de ley para modernizar INDAP y afrontar los desafíos de la Agricultura Familiar
La iniciativa, construida tras un diálogo con más de 1.600 actores del mundo rural, y con el apoyo técnico de FAO, actualiza la legislación para reconocer las nuevas realidades del campo chileno.
Por primera vez, la ley definirá qué es la Agricultura Familiar Campesina e Indígena, y establecerá criterios más justos para entregar apoyos estatales, eliminando el tope rígido basado en el avalúo de la tierra.
Santiago, Chile. El Gobierno ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados un proyecto de ley que actualiza la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). La iniciativa busca saldar una deuda histórica con el mundo rural, adecuando una normativa diseñada hace décadas a los desafíos climáticos, productivos y sociales del siglo XXI.
"La ruralidad de ayer ya no es la misma que la de hoy", señala el mensaje presidencial que acompaña el proyecto. En las últimas décadas, el campo ha experimentado profundas transformaciones, como la urgencia climática, la necesidad de innovación y la diversificación de los ingresos familiares, realidades que el marco normativo actual —basado en la Ley N°18.910— no logra abordar adecuadamente.
La ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, enfatizó que “lo que busca este proyecto de ley es modernizar y fortalecer al INDAP. La agricultura familiar es clave para la seguridad alimentaria, el desarrollo rural y la sostenibilidad de nuestro país, y por eso estamos actualizando su marco legal para contar con una institución más inclusiva, con enfoque de género, que incorpore innovación y que pueda acompañar de mejor manera a quienes producen los alimentos de Chile”.
“Esta propuesta es el resultado de un proceso amplio y participativo, donde escuchamos a agricultores y agricultoras de todo el país, a organizaciones campesinas, a jóvenes, mujeres y pueblos indígenas. Con esta actualización de la ley queremos fortalecer su rol estratégico, mejorar sus herramientas de apoyo y avanzar hacia una agricultura familiar más resiliente, sostenible y protagonista del desarrollo territorial”, señaló la ministra Fernández.
Criterios más justos y menos burocracia
Uno de los cambios más esperados por los agricultores es la redefinición de los criterios que definen la condición de usuarios y usuarias de INDAP. Hasta hoy, el sistema excluía a familias campesinas si el avalúo de sus tierras superaba las 3.500 Unidades de Fomento (UF), un límite que quedó desfasado debido a la fuerte presión inmobiliaria y el aumento del valor del suelo, factores que no reflejan la verdadera riqueza o capacidad productiva de los agricultores.
El nuevo proyecto propone eliminar esta barrera y establecer criterios técnicos reglamentarios basados en el Registro Social de Hogares (RSH) y el nivel de ventas de los últimos tres años. Además, la nueva ley reconocerá de manera explícita la "multiactividad"; es decir, apoyará no solo la producción agropecuaria tradicional, sino también actividades anexas vitales para la subsistencia actual, como la agregación de valor, la artesanía y servicios como el turismo rural.
Para agilizar la entrega de beneficios y reducir el papeleo, se creará un Registro oficial de INDAP, el cual permitirá a la institución acceder a bases de datos de otros órganos del Estado, evitando que los usuarios deban presentar la misma documentación reiteradamente y mejorando la focalización de los recursos públicos.
Reconocimiento histórico a mujeres, jóvenes y pueblos indígenas
El proyecto de ley marca un hito al incorporar, por primera vez en la historia legislativa del país, una definición jurídica de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (AFCI), reconociéndola como un modo de vida con arraigo territorial y un pilar estratégico para la seguridad alimentaria y nutricional de Chile.
Asimismo, la normativa incorpora principios rectores como la inclusión, la equidad de género y la sostenibilidad, reconociendo explícitamente a las mujeres, los jóvenes y los pueblos indígenas como actores fundamentales para el presente y el futuro del mundo agropecuario. En el caso de los pueblos originarios, se visibiliza su rol clave en la conservación de semillas y prácticas sostenibles.
El director nacional de INDAP, Santiago Rojas, destacó que “este proceso rindió sus frutos y orgullosamente podemos decir que hemos cumplido con un compromiso de Gobierno. En ese sentido, quisiera hacer un llamado a funcionarios y funcionarias, y al mundo rural, a acompañar y seguir con atención la discusión que se inicia en el parlamento para lograr sacar adelante esta necesaria actualización legal”.
Un proyecto nacido desde los territorios
La propuesta legislativa no fue redactada a puertas cerradas. Es el resultado de un extenso proceso participativo liderado por el Gobierno con la asistencia técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Este proceso involucró más de 70 instancias de diálogo en todas las regiones del país, con una convocatoria que superó las 1.600 personas, incluyendo agricultores, dirigentes, académicos y funcionarios, entre otros.
El proyecto iniciará ahora su tramitación legislativa en el Congreso Nacional, donde se espera un debate transversal sobre la importancia de dotar al Estado de mejores herramientas para acompañar a quienes producen los alimentos de Chile.
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